PANORAMA DEL AÑO

Memoria de Actividades SAE 2021 - Panorama del año

Líneas de ayudas dirigidas a la recuperación económica

La mejor política de empleo es mejorar la empleabilidad de las personas y aumentar la dimensión y productividad del tejido productivo andaluz. En un escenario marcado aún por la difícil etapa histórica que ha tocado vivir, con una pandemia sin precedentes, el Servicio Andaluz de Empleo tuvo que poner en marcha medidas e iniciativas que permitieran sostener y contener las graves consecuencias que supuso para nuestra comunidad y para el país el parón absoluto de la actividad económica.

A lo largo de 2021, el trabajo del Servicio Andaluz de Empleo estuvo centrado en el impulso de la actividad económica y en la generación de empleo. Concretamente, con líneas de ayudas destinadas a las empresas y a las personas trabajadoras cuya actividad estuvo limitada o interrumpida por los efectos de la pandemia. Dichas ayudas se diseñaron con un premisa, la celeridad en su tramitación, un esfuerzo en el que la automatización de procesos y la robotización jugaron un papel clave. Es decir, unas medidas realistas para una realidad histórica sin precedentes hasta ahora, y que dieron resultados.

Líneas de ayudas puestas en marcha:

1. Ejecución de la Iniciativa AIRE
2. Mantenimiento del empleo
3. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Iniciativa AIRE

Impulsada en los primeros meses de la pandemia, la Iniciativa Aire fue diseñada en tiempo récord con el objetivo prioritario de respaldar a aquellas personas trabajadoras de los sectores más afectados por la crisis mediante el trabajo conjunto con los entes locales de toda Andalucía. El 16 de junio de 2020, a través del Decreto-Ley 16/2020, se aprobó su convocatoria, dotada con un presupuesto de 165 millones de euros, que se ejecutaron prácticamente en su totalidad a lo largo del año siguiente.

A 31 de diciembre de 2021, ya se habían formalizado 12.004 contratos en todo el territorio andaluz, respondiendo así a lo previsto en el desarrollo de esta iniciativa, con una inversión de 114.327.150 euros entre los ayuntamientos que solicitaron su participación; en concreto, 771 de los 785 ayuntamientos existentes en la Comunidad de Andalucía.

Iniciativa para la activación, impulso y recuperación del empleo (Iniciativa AIRE)

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Esta iniciativa territorial adaptada y enfocada al escenario sobrevenido, en la que se trabajó con carácter de urgencia, introdujo importantes mejoras con respecto a los anteriores planes de empleo:

• El pago único anticipado del 100% de la subvención a los ayuntamientos (frente a los dos pagos, por el 75% y por el 25% restante, de anteriores planes).
• La optimización de las ayudas para favorecer el mayor número posible de contrataciones, reduciendo de 12 a 8 meses el período máximo de contratación.
• La sensibilidad territorial, contemplado por primera vez el fenómeno de la despoblación como criterio para el reparto municipalizado de las ayudas.
• El favorecimiento de zonas ITI, con una dotación adicional a la subvención concedida de 15 millones de euros más para los municipios gaditanos y 5 millones de euros más para las localidades jienenses.
• La obligatoriedad, por parte de los consistorios, de realizar una reserva de cuota del 6% del total de las contrataciones para personas con discapacidad, un punto por encima del 5% que la Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía establece para la reserva de plazas en los programas que se desarrollen en el marco de las políticas activas de empleo.
• La participación efectiva de las Entidades Locales Autónomas en la definición, diseño y desarrollo de los proyectos presentados por sus ayuntamientos matrices.
• Y, por último, las mejoras relativas a la gestión ordinaria de estas ayudas, como la declaración responsable, por parte de los ayuntamientos, del cumplimiento de requisitos exigidos para la obtener la condición de entidad beneficiaria, que viene a sustituir a la habitual entrega inicial de documentación junto a la solicitud, que permitió reducir de tres a dos meses el periodo de resolución de ayudas. Una mayor definición, concreción y graduación de los reintegros por incumplimiento de obligaciones y una mejor redacción en el articulado sobre el procedimiento para la selección de participantes, con el fin de solventar los tradicionales problemas de interpretación del mismo.

Una de las novedades de mayor calado que a estos efectos introdujo la Iniciativa AIRE es el incremento sustancial de las cuantías de los incentivos concedidos en todos los grupos de cotización en los que se formalizaron las contrataciones, el primero que se lleva a cabo desde que se pusieron en marcha estas medidas locales de empleo. Dichos incrementos oscilaron, según el grupo de cotización, en importes que fueron desde los 150 a los 250 euros adicionales por persona trabajadora y mes.

Como resultado, las cuantías de los incentivos fueron, por cada contrato de seis meses mínimo de duración, desde una horquilla de los 11.700 euros (para la contratación de personas trabajadoras pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a los 8.880 euros (grupo 4 al 10 de cotización). Y por cada mes que se ampliara el contrato sobre los seis meses iniciales se incrementaba el incentivo en una horquilla que comprendió desde los 1.950 euros al mes (grupo 1 de cotización) hasta los 1.480 (para los grupos 4 al 10 de cotización).

Medidas para el mantenimiento del empleo asalariado en empresas afectadas por ERTE

Inmersos en un especial momento de incertidumbre y dificultad económica, el Servicio Andaluz de Empleo continuó trabajando intensamente en la articulación e implementación de nuevas y próximas medidas de empleo que pudieran contribuir a contener, e incluso revertir, los devastadores efectos de la crisis sociosanitaria.

En concreto, ante la inminente pérdida de empleo que podía producirse por la precaria situación en las que se hallaban sumidas miles de empresas de la Comunidad a causa de la paralización de la actividad económica, el Servicio Andaluz de Empleo asumió la necesidad de redefinir el concepto de plan de empleo, entendiendo como tal cualquier política activa que tuviese como finalidad, no solo la creación de empleo a través de corporaciones locales, sino el mantenimiento del ya creado por el tejido empresarial andaluz.

De este modo se configuró un plan de empleo dirigido directamente al apoyo de las empresas. Un innovador enfoque que se materializó el 29 de marzo de 2021, tras la publicación del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptaron diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), por el que se abrió la convocatoria del incentivo de medidas para el mantenimiento del empleo asalariado en empresas, excluidas las del sector público, afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo tras la declaración del estado de alarma.

Debido a la buena acogida que tuvo esta medida y a la necesidad de respaldar a las empresas por su determinante papel como generadoras de riqueza se procedió a la publicación de una nueva convocatoria de estas ayudas, a través del Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre, por el que se modificó el Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo.

Y ahí estuvieron los resultados, dos convocatorias aprobadas a lo largo de 2021 dotadas con más de 270 millones de euros. A lo largo de este año se beneficiaron un total de 176.795 trabajadores, cifra que representó el 6,7% del total de asalariados de Andalucía en ese mismo periodo. En total, el SAE resolvió de manera favorable 55.455 solicitudes de las 73.465 recibidas, al cumplir éstas con los requisitos establecidos, lo que supuso una cuantía superior a 252,7 millones de euros, el 94% de la dotación presupuestaria disponible en ambas convocatorias y un importe medio concedido de 4.557 euros por solicitud.

Estas ayudas estaban dirigidas a empresas con una plantilla media de hasta 20 trabajadores en el último año, con uno o varios centros de trabajo ubicados en Andalucía y que desde el 14 de marzo de 2020 se hubieran acogido a un ERTE de Fuerza Mayor o causas ETOP (Expedientes de Regulación de Empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción), en ambos casos relacionadas con la pandemia. Se incluía a toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerciera una actividad económica, incluidos autónomos y entidades sin ánimo de lucro, que tuvieran, al menos, una persona trabajadora en alta por cuenta ajena, independientemente del porcentaje de jornada.

El 53,8% de los beneficiarios de las medidas fueron autónomos (un total de 29.828 trabajadores) y el 46,2% correspondieron a empresas (25.627).

Medidas para el mantenimiento del empleo en empresas afectadas por ERTE. 2021

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La medida se diseñó y aplicó automatizando los procedimientos de control de la información y posterior pago, de manera que los solicitantes no tuvieron que aportar ningún documento acreditativo de los requisitos incorporados en la medida. De esta forma, los pagos se realizaron en un periodo muy corto de tiempo, tan solo tres meses después de cerrarse la presentación de solicitudes en la primera convocatoria y se redujo a dos meses en la segunda convocatoria.

La subvención estaba ligada a un indicador llamado factor de actividad y, en la práctica, supuso una cuantía de 505 euros al mes por empleo subvencionado durante un máximo de cuatro meses. El tope máximo de la ayuda alcanzó los 30.300 euros.

El factor de actividad era calculado de oficio por el SAE y representaba el número de trabajadores en alta a jornada completa, más la parte proporcional de jornada de los trabajadores a tiempo parcial. Si el factor de actividad era menor o igual a 5 trabajadores en alta, la ayuda resultante que recibía la empresa correspondía a multiplicar el 65% de este índice por 2.020 euros. Si el factor de actividad era mayor de 5 trabajadores en alta y hasta 20, que era el tope máximo para recibir la ayuda, se multiplicaba el 75% de este índice por 2.020 euros.

Las beneficiarias debían mantener el cien por cien del nivel de empleo subvencionado (65% o 75% del factor de actividad), al menos, cuatro meses, desde que se computó el cálculo del factor de actividad inicial y la ayuda era compatible con otras de cualquier administración para la misma finalidad siempre que no superase el coste total de la actividad subvencionada.

Por ramas de actividad, fueron los establecimientos de bebidas, seguidos de restaurantes y puestos de comida y peluquerías y otros tratamientos de belleza los que aportaron un mayor número de personas trabajadoras agregadas en ambas convocatorias. En cuanto a la distribución por provincias, fueron Sevilla y Málaga las que concentraron un mayor número de resoluciones y cuantía (43% y 46%, respectivamente).

Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia

Las consecuencias negativas del Covid-19 exigieron una respuesta desde todas las administraciones públicas y, de manera especial, desde las instituciones europeas. Y esta respuesta se produjo el 21 de julio de 2020, cuando el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal Next Generation EU, uno de cuyos pilares fundamentales es el Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRR).

La llegada de estos fondos a Andalucía supuso una oportunidad única para modernizar la economía y afrontar los retos del futuro.

El Consejo de Gobierno aprobó el 14 de diciembre el Decreto-ley que contemplaba el desarrollo de seis líneas de incentivos que prevían alcanzar los 25.000 beneficiarios y que iban a suponer una inversión en la comunidad autónoma de más de 167,7 millones de euros a lo largo del próximo año. Estaban destinados a favorecer la contratación de distintos colectivos, así como el mantenimiento de empleo y el desarrollo de proyectos emprendedores enclavados en la economía verde y digital. Entre los colectivos beneficiarios se encontraban jóvenes desempleados; mujeres de los ámbitos rural y urbano en poblaciones de menos de 5.000 habitantes; colectivos vulnerables como personas con discapacidad, paradas de larga duración o inmigrantes; así como microempresas, trabajadores autónomos y cooperativas en proyectos relacionados con la economía verde y la digitalización.

Con esta normativa se dio luz verde a la puesta en marcha en Andalucía de los programas que permitían implementar en la comunidad el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se garantizaba la transferencia y aplicación de los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia. Se trataba de un paquete de seis programas que ejecutaría la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, con pagos anticipados del 100% del incentivo y dirigidos a impulsar la recuperación y las oportunidades de empleo, mitigando los efectos de la pandemia sobre el mercado de trabajo.

Primera experiencia laboral

La primera medida, denominada Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas y presupuestada con 29,11 millones de euros, perseguía proporcionar a jóvenes desempleados menores de 30 años que hubieran finalizado su etapa educativa una primera experiencia profesional que les permitiera adquirir competencias y habilidades profesionales y les facilitara su incorporación al mercado de trabajo. Para ello se financiaba la ocupación de los jóvenes bajo la modalidad de contrato en prácticas en las administraciones públicas y entidades del sector público andaluz. Se contemplaba un incentivo que oscilaba entre los 1.783,83 euros por mes y persona en los grupos de cotización de la Seguridad Social del 5 al 9 (21.405 euros por año de contratación) y los 2.675,74 euros en grupos de cotización del 1 al 4 (32.108 por año). Además, se incluían ayudas al desplazamiento de 1.000 euros por persona cuando procedían de una provincia distinta a la del centro de trabajo, con una cobertura máxima del 25% de los contratados.

Se priorizaban los puestos en tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de servicios, la cohesión social y el desarrollo local rural. Podían ser beneficiarias de estas subvenciones las agencias, las sociedades mercantiles y consorcios del sector público andaluz o las corporaciones locales de Andalucía o entidades públicas dependientes.

Las contrataciones tenían una duración mínima de diez meses y máxima de doce, a tiempo completo, y para su cobertura las entidades debían presentar una oferta ante el SAE. Las personas trabajadoras se seleccionarían teniendo en cuenta los criterios de mayor adecuación al puesto, estudios específicos y valoración curricular mediante el uso del currículum ciego.

El 10% de las contrataciones concedidas se reservarían para personas con discapacidad, salvo que no se llegase a un mínimo de 10 por entidad.

Programa Investigo

El segundo programa incluido en el Decreto-ley, denominado Programa Investigo y dotado con 38,88 millones de euros se dirigía a la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años para la realización de iniciativas de investigación e innovación, preferentemente en ocupaciones referidas a sanidad, transición ecológica, economía verde (energías renovables, tratamiento de aguas y residuos e industria agroalimentaria), así como digitalización de servicios y data science.

La contratación correría a cargo de organismos de investigación y difusión de conocimientos, universidades públicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, entidades públicas sujetas a derecho privado y privadas sin ánimo de lucro, además de empresas que estuvieran invirtiendo en investigación e innovación. Las subvenciones sufragaban los costes laborales y salariales de la contratación a jornada completa, por un período mínimo de doce meses y máximo de 24, de jóvenes inscritos como demandantes de empleo en el SAE en el momento de comenzar la relación contractual.

La subvención oscilaba entre los 22.405 euros por persona y año en el caso de contratos en los grupos de cotización del 5 al 9 y los 33.108 por persona y año en los grupos del 1 al 4. No se podía contratar a jóvenes que hubieran desempeñado cualquier tipo de puesto de investigación en la misma entidad en los seis meses anteriores y, nuevamente se preveían ayudas al desplazamiento de 1.000 euros con la cobertura de un máximo del 50% de las contrataciones.

Apoyo a mujeres del ámbito rural

La tercera medida, financiada con 16,22 millones de euros, era el Programa de Apoyo a Mujeres en los ámbitos rural y urbano, residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes y con necesidades de cualificación o recualificación formativa o profesional. El programa contemplaba el desarrollo de itinerarios individualizados que integrasen acciones de diagnóstico de empleabilidad, acciones de orientación laboral y para facilitar la búsqueda de empleo, acciones formativas de cualificación o recualificación profesional, talleres de competencias transversales, acompañamiento e incentivos a la participación o la incorporación laboral.

Corporaciones locales, entidades del sector público andaluz o entidades jurídicas sin ánimo de lucro podían poner en marcha estos proyectos y se fijaba un porcentaje de inserción laboral del 20% de las participantes. El SAE financiaría los costes salariales del personal técnico que desarrollase este programa, con una cuantía de 32.135 euros por persona técnica y año. Las mujeres participantes recibirían una ayuda de 515 euros una vez finalizada su participación en un itinerario.

Proyectos para el reequilibrio y la equidad

Por otro lado, se contempló la puesta en marcha de proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, destinados a promover la inserción laboral y la atención personalizada a través de proyectos integrales que incluyían acciones de orientación y de formación y contaban con un presupuesto de 40,23 millones de euros.

Los destinatarios de este programa eran personas con discapacidad, desempleadas de larga duración (12 meses en situación de desempleo en los 18 meses anteriores al inicio del proyecto), minorías étnicas, demandantes de empleo mayores de 45 años, personas inmigrantes, mujeres con problemas de integración social, personas desempleadas en riesgo de exclusión social y perceptores de prestaciones. El programa preveía su participación en proyectos integrados de inserción laboral de una duración máxima de 9 meses, durante los cuales podían recibir ayudas para conciliar la participación en el proyecto, para el cuidado de familiares, de formación, transporte o alojamiento.

Estos proyectos podían ser desarrollados por entidades de formación, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y entidades del tercer sector. La cuantía de la subvención era de 6.000 euros por cada persona participante que concluyera el itinerario personalizado que se le había diseñado. En el caso de las personas paradas de larga duración se contabilizaría su participación siempre que finalizase en inserción laboral.

Mantenimiento de empleo

La quinta medida estaba destinada al mantenimiento del empleo de los trabajadores por cuenta ajena contratados por microempresas y trabajadores autónomos, así como los socios-trabajadores y de trabajo de empresas de emprendimiento colectivo, con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros.

Se trataba de una ayuda de 4.500 euros a tanto alzado para compensar parte de los costes salariales de las personas trabajadoras asalariadas durante un plazo de seis meses, período en el cual la empresa, además, debía comprometerse a realizar una actuación que facilitase la transición de su actividad hacia la economía verde o digital. Podían ser beneficiarias de estas subvenciones trabajadores autónomos; microempresas (que no contaran con más de diez trabajadores y un volumen de negocio inferior a dos millones de euros); cooperativas y sociedades laborales.

Ayudas a autónomos y cooperativas

La sexta medida, denominada Transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital, incluía un presupuesto de 33,3 millones de euros y tenía por objeto el impulso de actuaciones emprendedoras que contribuyeran a la consecución de una economía verde o de una economía digital, así como la transición de la actividad económica ya iniciada hacia este mismo fin. La medida contemplaba una ayuda a tanto alzado de 4.500 euros para el inicio de actividades económicas, tanto de trabajadores autónomos como cooperativas, en una actividad profesional o empresarial que contribuyera a facilitar la consecución de una economía verde o una economía digital, así como la transición de la actividad.

Las ayudas de este decreto, excepto la última de ellas, serían gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo. Las convocatorias de este paquete de subvenciones saldrían a partir de 2022.